Los opositores a Hugo Chávez a menudo han deplorado la habilidad de éste para disimular el autoritarismo de una forma aparentemente democrática. Por lo tanto, deberían estar quizás agradecidos que el Presidente venezolano se esté alejando cada vez más de esa pretensión.
El 23 de enero -una fecha en la que el país conmemora el levantamiento de 1958 que expulsó a su última dictadura militar- se ordenó a los operadores de televisión por cable que suspendieran la transmisión de RCTV, un canal pro oposición. Ésta fue la más reciente en una serie de medidas que han dejado al régimen de Chávez a un pelo de ser una dictadura.
Hace tres años la licencia de transmisión de RCTV no fue renovada, lo que lo confinó al cable. Ahora el gobierno ha decidido que, a pesar de ser un canal por cable, éste (y varios otros) tiene que acatar una ley de difusión que lo obliga, entre otras cosas, a transmitir los extensos discursos del Presidente en vivo, cada vez que él considere que tiene que ser así. Y lo consideró casi de inmediato, durante una concentración política. Cuando RCTV declinó complacerlo, su destino quedó sellado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (parte de la Organización de Estados Americanos) declaró que RCTV y los otros canales habían recibido un castigo sin un debido proceso y solicitó que les restituyeran sus derechos. La respuesta del régimen, el que ha desairado repetidas veces al organismo regional, fue el desprecio total.
Nuevo Parlamento
Los venezolanos tienen que elegir un nuevo Parlamento en septiembre próximo. El año pasado Chávez ganó un referéndum al que había convocado para eliminar los límites de los períodos de presidentes y de otras altas autoridades elegidas.
Ahora las encuestas de opinión están mostrando niveles de descontento sin precedentes por la delincuencia, la inflación y la escasez de energía y agua. Hubo grandes protestas contra el gobierno en Caracas, la capital, después del cierre de RCTV, las que fueron contrarrestadas con concentraciones más modestas del gobierno.
Estos problemas, y el descontento resultante, perfectamente se pueden intensificar en los próximos meses. Incluso el carisma indudable del Mandatario no lo ha vuelto inmune. En una encuesta reciente el 66 % de los consultados expresó que no quería que él siguiera en el poder cuando termine su actual período dentro de tres años.
Si se realizaran las elecciones de septiembre según indica la Constitución, por representación proporcional, Chávez seguramente perdería su fuerte mayoría parlamentaria. Pero una nueva ley electoral permite que el partido más grande arrase con todos los escaños.
La autoridad electoral que está bajo el dominio gubernamental trazó nuevamente los límites de los distritos electorales este mes, con el efecto de minimizar los potenciales triunfos de la oposición. El cierre de RCTV, uno de los principales medios para las opiniones contrarias a Chávez, parece seguir la misma lógica.
En su discurso anual ante el Parlamento, a principios de este mes, el Presidente anunció (para sorpresa de nadie) que él era ahora un marxista. Ya no tiene que aparentar más que está de acuerdo con la separación de los poderes del Estado, lo que en la práctica desapareció hace algún tiempo.
La presidenta de la Corte Suprema, Luisa Estella Morales, manifestó el mes pasado que esos detalles simplemente "debilitan al Estado". Un miembro importante del Partido Socialista Unido en el gobierno, Aristóbulo Istúriz, pidió el desmantelamiento del gobierno local, el que Chávez desea reemplazar por comunas.
La Constitución de 1999 garantiza los derechos de propiedad y la existencia de la empresa privada. Pero el Presidente ahora dice que la ganancia privada es el origen de todos los males. Los que llaman por teléfono al organismo estatal de protección al consumidor, Indepabis, aseguran que la música que se oye en espera es un jingle sobre los capitalistas malvados.
Al insistir en que su reciente devaluación de la moneda no era una excusa para las alzas de precios, Chávez hizo que Indepabis cerrara cientos de tiendas por "especulación". Le pidió al Parlamento que cambiara la ley sobre expropiaciones y confiscó una cadena de supermercados bajo control francés para sumarla al nuevo conglomerado de comercio minorista del gobierno, Comerso.
Los partidos de oposición, los que están peleando por los candidatos de "unidad" para el Parlamento, no están bien preparados para hacer frente a esta violenta embestida. Pero hay señales de tensión al interior del régimen.
Polémica renuncia
El 25 de enero el Vicepresidente Ramón Carrizález renunció junto con su esposa, la ministra del Medio Ambiente. Él citó razones personales. Pero que un estrecho aliado, el ministro de Banca Pública, también se alejara (por "problemas de salud" no especificados) desató las habladurías.
Rumores surgidos del mismo régimen atribuyen la partida de Carrizález a maniobras del ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, quien es considerado ampliamente como la segunda figura más poderosa del gobierno. Carrizález también dirigía la cartera de Defensa y fue reemplazado en ese cargo por un general cercano a Cabello. Por lo tanto, este último, quien tendría puestas la mira en la Presidencia, ha consolidado su dominio sobre el ejército.
La determinación del Presidente de aferrarse al poder y la intolerancia a la disidencia han debilitado su popularidad y, tal vez, si las elecciones no le son favorables, debiliten su habilidad para gobernar.
Chávez está ahora atrapado -según escribió esta semana Vladimir Villegas, periodista y ex aliado- en el esquema autocrático que prefirió seguir. Ese esquema tiene poca similitud con la democracia liberal bajo la cual fue elegido.
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A principios de enero, el Presidente anunció que ahora era un marxista. Ya no tiene que aparentar más que está de acuerdo con la separación de poderes.
La determinación del Presidente de aferrarse al poder y la intolerancia a la disidencia han debilitado su popularidad y, tal vez, si las elecciones no le son favorables, debiliten su habilidad para gobernar.
Análisis de revista The Economist.
